“El aborto en las tres causales es un derecho y el Estado está obligado a proveerlo”

Desde el 2006, Colombia salió del grupo de países que obligan a las mujeres entre dos opciones: morir o quedarse con secuelas graves en su salud y en su vida; así lo afirma Cristina Rosero, vocera de Women’s Link, una organización internacional que utiliza el litigio del derecho para crear un cambio social que mejore la vida de las niñas y mujeres del mundo.

Lo anterior se dio gracias a la sentencia C-355 del 2006, la cual fue aprobada por la Corte Constitucional que consiste en la despenalización del aborto entre causales: cuando la vida de la mujer corre un riesgo, cuando el feto viene con malformaciones y cuando el embarazo fue producto de un abuso sexual.

Sin embargo, y pese a que según la Corte este proceso en las tres causales representa un derecho fundamental de la mujer, son varias las opiniones que se han despertado al respecto, pues hay quienes lo apoyan y lo rechazan.

Para Rosero, esta sentencia representa un avance pues con esta se ha logrado que las mujeres puedan acceder a este procedimiento de manera segura teniendo como opción realizarlo a través del sistema de salud y no acudiendo a sitio clandestinos que ponen en riesgo la vida de la misma.

“La sentencia de la Corte es totalmente coincidente y y durante todos estos años se ha reiterado que es un derecho fundamental, quizás hay gente que esté en contra pero eso no significa que el derecho no esté reconocido y por eso el Estado está en la obligación de prestarlo”, añadió.

Pero aún son varias las barreras que interrumpen el buen acceso a este procedimiento entre las tres causales, pues aún las mujeres no están bien informadas e incluso algunas instituciones prestadoras del servicio de salud no están prestando el servicio como es, e incluso llegándose a negar a practicar el procedimiento.

Ante eso, según lo contempla la Corte, se puede estar incurriendo en una vulneración de los derechos de las mujeres, por lo que se puede proceder a iniciar investigaciones tanto a la EPS como a los profesionales de la salud.

“Es un procedimiento médico que así como se trabaja con otro se debe garantizar y si se incumple, puede tener responsabilidades de diferente tipo, como investigaciones o sanciones”, enfatiza Cristina Rosero.

Finalmente la vocera de la organización de Women’s Link coincidió en que para mitigar esta problemática se debería aplicar una buena educación en temas sexuales que inicie desde la primera infancia, lo cual permitiría evitar casos de abuso a tiempo, además, habló de la importancia de que las personas puedan acceder a los métodos anticonceptivos desde el mismo sistema de salud.