Este jueves se abrieron las puertas de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) que nació de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. Es la primera vez que un país intenta, de manera sistemática, tener un tribunal, una comisión de la verdad y un organismo que garantice alguna verdad en relación con las personas desaparecidas.
“Empezaremos a ver ante la majestad de la justicia, ante la majestad de los magistrados de la JEP, acudir a los responsables y actores de esta tragedia, de esta pesadilla que sufrimos en Colombia durante las últimas cinco décadas”, aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.
El aparato de justicia transicional está compuesto por 51 magistrados colombianos y 14 juristas extranjeros que asesorarán a los magistrados.
Los expertos deberán juzgar delitos de lesa humanidad como el genocidio, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad; también la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, además del reclutamiento de menores, en especial de los casos más graves y representativos. Deberán señalar a los responsables de miles de desapariciones forzadas, casos de violencia sexual, desplazamiento forzado y otros crímenes ocurridos en el conflicto armado colombiano.
La JEP tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir de la entrada en funcionamiento efectiva de todas las salas. Habrá un plazo de cinco años más para que la JEP concluya sus actividades. Por ley, se podrá prorrogar ese plazo de ser necesario.
La jurisdicción hace parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, una compleja red de instituciones que se crearon para, por primera vez en la en el mundo, ofrecer a las víctimas la posibilidad de acceder a un tribunal, una comisión de la verdad y un organismo que logre encontrar alguna verdad sobre las personas desaparecidas.
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