Los planes de ordenamiento territorial en la Sabana de Bogotá están bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría. Las investigaciones, que están avanzando, evidenciarían un extenso cartel  que se estaría enriqueciendo con el llamado volteo de tierras.

Entre las 31 investigaciones que adelanta la Fiscalía, se encuentran los POT de estos municipios de Cundinamarca:  Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativá, Tabio, Tocancipá, Soacha, Tenjo, Sopo, la Calera, Funza, el Rosal, Cota y Cajicá.

Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical, explica cómo se da este fenómeno: “se involucran predios al perímetro urbano de un municipio, que cuando son rurales tienen un valor bajo, pero al entrar al sector urbano aumentan de manera drástica”.

Los avances en algunas investigaciones muestran como la herramienta de ordenamiento y conservación de los territorios estaría siendo manipulada por corruptos. En uno de los casos más documentados, la Fiscalía dice tener evidencia suficiente que involucraría al exalcalde de Mosquera, Luis Álvaro Rincón y a su esposa Edith Rocío Peñuela.

Según Galán, en este caso, un familiar del entonces alcalde en ejercicio compró un predio en zona rural, posteriormente el alcalde hizo el trámite de modificación del POT con el objetivo de garantizar que el predio sea incluido y una vez entró, lo vendió por un valor muy superior.

En el presunto volteo de tierras, el terreno que en 2008 costaba 1.200 millones de pesos pasó a valer a 3.800 millones en 2012, más del triple del avalúo inicial.

Sin embargo este no es el único eslabón. Las investigaciones revelaron además una red de funcionarios e intermediarios que mediante sobornos habrían favorecido intereses propios y de particulares.

En un año de pesquisas, el senador Galán documentó como funcionarios se habrían unido a políticos y a particulares para cobrar entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado de tierra volteada en zonas que incluyen decenas de hectáreas. El senador también recogió testimonios de dueños de predios rurales víctimas de esa mafia.

“A estas víctimas los busca gente para comprarles el predio y cuando manifiestan que no es del perímetro urbano, que no tiene el valor que tienen los predios aledaños, los compradores manifiestan que eso lo arreglan en dos minutos con la Alcaldía”, asevera Galán.

En la lista del Senador de Cambio Radical, también están las presuntas irregularidades por las que fue ordenada la detención preventiva al exalcalde de Mosquera Álvaro Rincón, la de un concejal y un contratista. Además de una exoneración de cobros de plusvalía que habría favorecido a un particular en Funza, durante las alcaldías de Jorge Rey y Jorge Machuca.

En los casos en los que políticos, mandatarios y sus familias o particulares habrían sido favorecidos irregularmente con decisiones de ordenamiento territorial incluye la cuestionada compra venta de predios de la zona franca de occidente en Mosquera entre los años 2007 y 2009.