El desalojo realizado a una invasión de Bilbao, el pasado 24 de abril, terminó en un incendio iniciado por algunos habitantes del mismo sector, ubicado en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Según las autoridades, las llamas tuvieron como propósito desaparecer la droga camuflada en algunas viviendas.

Pero además de las redes de microtráfico, la intervención llevada a cabo en este asentamiento evidenció otro problema que se extiende como fuego por toda Bogotá: el de los ‘tierreros’. Se trata de bandas de piratas que ven en la necesidad de las familias humildes la combustión perfecta para mantener vivo el negocio de las invasiones.

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, en 13 de las 20 localidades de la capital del país existen 22.013 ocupaciones irregulares. El caso más preocupante está en Ciudad Bolívar, y no solo porque es la zona con más invasiones (8.094), sino porque allí la mayoría está ubicada en zonas de alto riesgo.

En el caso de Bilbao, unas 1.200 familias estaban asentadas en la ribera del río Bogotá. Pese al peligro inminente que esto representa, según testimonios de habitantes del sector, ahí se vendían lotes invadidos entre 1 y 2 millones de pesos.

Según el programa ‘Bogotá, cómo vamos’, el número de asentamientos ha crecido un 74 % en la ciudad, en los últimos 8 años. Y detrás de esta cifra, además del drama de la pobreza y la marginalidad, está el de las víctimas de las mafias de ‘tierreros’.

¿Cómo operan los ‘tierreros’?

De acuerdo con la Fiscalía, en la periferia de la ciudad, las bandas criminales utilizan a las personas en condición de vulnerabilidad para la creación de las invasiones. Son mujeres cabeza de familia, desplazados y ancianos a los que les venden la falsa promesa de una vivienda propia y quienes, sin saberlo, ayudan a convertir la zona en un lugar difícil de intervenir.

“Invaden lotes en mínimas condiciones, en cualquier loma, y los dividen. A la gente la ponen a pagar desde 500.000 pesos mensuales, durante uno o dos años. Todo el tiempo la están ‘caramelizando’, diciéndole que le van a dar las escrituras, pero cuando terminan de pagar por estas se dan cuenta que no existen. Los mismos ‘tierreros’ hacen las conexiones ilegales de luz y agua; pueden cobrar diariamente hasta 1.000 pesos por un galón del líquido”, denuncia la concejal Lucía Bastidas.

Las modalidades de estafa son diversas. Incluso, a veces ni siquiera incluye la promesa de una escritura que acredite a las víctimas como dueños del terreno. Según un investigador de la Sijín, lo único que les aseguran es un pedazo de tierra donde dormir para, con el pasar del tiempo, poder conseguir un derecho de posesión o una reubicación por parte del Estado.

“Esto además es lo que dificulta la investigación, porque la gente no denuncia. Para ellos, los ‘tierreros’ son héroes que les permitieron hacer su cambuche por dos millones de pesos, y tener un sitio donde dormir”, agrega Bastidas.

Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba son las principales localidades en las que operan las bandas de ‘tierreros’. Un total de 20 personas fueron capturadas el año pasado por este delito.

Las diferentes autoridades coinciden en que la urbanización ilegal no es un negocio improvisado. La constante es que las bandas cuenten con un equipo conformado por un topógrafo o arquitecto y un abogado, “con experiencia en enredar los procesos valiéndose de los vacíos jurídicos”.

Tras invadir un lote, los delincuentes se dedican a reunir las pruebas para demostrar actos de posesión ante un juez, en caso de que aparezca el verdadero dueño e interponga una demanda de pertenencia del terreno.

Estas son las maniobras más comunes:

–       Interponer querellas ante inspecciones y juzgados, para comenzar a justificar tiempo vivido en el lugar.

–       Pagar a vecinos para que testifiquen que los han visto ahí desde hace años y que los reconocen como propietarios.

–       Provocar un incendio en la vivienda para solicitar la atención de los Bomberos, quienes al levantar el acta de la emergencia dejan constancia de quién los atendió en el inmueble.

–       Solicitar los servicios públicos, aunque la zona no esté legalizada. Esto les asegura contar con otro registro en el que figuren como residentes.

–       Confundir los linderos, ya que para reclamar la pertenencia de una propiedad es un requisito que el predio esté plenamente identificado y coincida con la descripción exacta de las escrituras.

Los inmuebles también pueden estar ubicados dentro de proyectos urbanísticos, dando apariencia de legalidad, pero son ofrecidos a través de pancartas o mediante el denominado voz a voz.

La Secretaría de Hábitat ha detectado que el valor de estos lotes varía entre ocho y quince millones de pesos. En caso de que se sea una construcción ya consolidada, el precio podría oscilar entre 20 y 40 millones de pesos, dependiendo del sector o la localidad.

Actualmente, las autoridades investigan unos 300 casos de supuestos ´tierreros’ y urbanizadores ilegales, y el problema trasciende la zona periférica de Bogotá. Según la Fiscalía, existen bandas que operan en sectores exclusivos de la ciudad, a través de la falsificación de los documentos públicos.  Incluso, el delito se ha extendido a municipios aledaños como Soacha, Sibaté y Facatativá.

Hoy, seguirle el rastro a los ‘tierreros’ no es sencillo. Durante el 2016, solo dos bandas fueron desarticuladas en Bogotá. Una de ellas fue ‘La Colmena’, dedicada a la ocupación ilegal de baldíos en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los delincuentes vendían los terrenos loteados entre $500.000 y $2.000.000. Aunque trece de ellos fueron capturados en un operativo realizado en diciembre, fuentes extraoficiales aseguran que uno de sus líderes, David Valenzuela, sigue teniendo influencia en el sector. Una mujer, quien trabaja para él, ahora sería la encargada de la venta ilegal de los lotes.

Las autoridades saben que la lucha contra los ‘tierreros’ no es fácil. Por eso, invitan también a los ciudadanos a no dejarse engañar y evitar caer en las garras de estas organizaciones criminales que se aprovechan de la esperanza de la gente humilde de tener una vivienda o una tierra propia.

UNIDAD INVESTIGATIVA CANAL CAPITAL