Los asesinatos y las amenazas contra campesinos e indígenas, sumados a los choques entre bandas criminales que se disputan el control de una zona estratégica para el narcotráfico, han provocado el desplazamiento de más de 800 personas en el noroeste de Colombia, denunció el domingo Naciones Unidas.

Campesinos e indígenas han huido de zonas rurales del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, en la señal más reciente de que la violencia continúa en el país pese al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.

"ONU Derechos Humanos y ACNUR (la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas", dijeron los organismos un comunicado.

"A su vez, quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca", agregaron sin revelar cifras específicas.

Las Farc culminaron el año pasado el abandono de armas con base al acuerdo de paz que permitió que más de 7.000 combatientes abandonaran la lucha armada y se reincorporaran a la sociedad.

Pero los territorios que desalojaron las Farc comenzaron a ser ocupados por bandas criminales, por disidentes que no aceptaron los términos del acuerdo de paz y por el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Actualmente en varias zonas selváticas y montañosas esos grupos ilegales armados se enfrentan para ganar el control territorial de regiones estratégicas para el cultivo de hoja de coca, la producción de cocaína y la minería ilegal, sus principales fuentes de financiación.

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