El dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles dijo el viernes que fue inhabilitado para postularse a cargos de elección popular por 15 años, una medida que podría avivar las recientes protestas contra el Gobierno.

Aunque no quedaron claros los detalles de la sanción, ni si entraría en vigencia de inmediato, la medida de la Contraloría evitaría que Capriles, la figura más visible de la oposición, se postule en los comicios presidenciales previstos para el 2018 en la polarizada Venezuela.

“URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años”, dijo el también gobernador del estado Miranda, a través de su cuenta en Twitter.

Venezuela atraviesa una crisis política que se profundizó la semana pasada, luego de que la Justicia se arrogó facultades legislativas, generando llamados internacionales a respetar la democracia y protestas de calle.

A pesar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revirtió rápidamente parte de las polémicas sentencias, criticadas por el propio Maduro, la oposición acusa que en Venezuela continúa la “ruptura del hilo constitucional”.

Capriles había dicho esta semana que recibió una citación de la Contraloría General, que lo multó y le sigue un proceso administrativo por acusaciones de recibir donaciones de las embajadas de Gran Bretaña y Polonia, reconducir el presupuesto de su gobernación e invertir recursos en propaganda televisiva.

“La inhabilitación a Capriles tiene un solo objetivo: la dictadura quiere elegir su oposición ¿Nos vamos a dejar? Pues no ¡Mañana seguimos!”, dijo Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

Otro dirigente opositor perfilado para la presidencia, Leopoldo López, también fue inhabilitado en el 2008, lo que le impidió competir con el líder socialista Hugo Chávez. En el 2014 fue encarcelado acusado de encender una ola de protestas.

Capriles dijo que dará detalles de la sanción más tarde el viernes. Consultadas por Reuters, las autoridades no brindaron información sobre la sanción.

“Esa información se le da sólo a los legítimos interesados”, dijo una portavoz de la Contraloría, alegando que no posee mayor información sobre la medida.

Un joven murió de un disparo la noche del jueves durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, el primer fallecido en medio de una nueva ola de protestas callejeras.

El Ministerio Público más tarde dijo que imputará en las próximas horas a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana por presuntamente dispararle a Jairo Ortíz de 19 años.

Decenas de manifestantes se reunía el viernes en el sitio donde le dispararon a Ortiz, con banderas de Venezuela, y carteles de “No+Dictadura”.

“Nos vamos a mantener en las calles y, en especial en Los Teques, que es la capital del estado de donde es el gobernador Henrique Capriles (…) y porque es el lugar donde ocurrió el primer asesinato contra manifestantes este 2017”, dijo Carlos Arancibia, escritor y periodista de 25 años.

Como otra medida de protesta, la mañana del viernes un grupo de diputados opositores acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, y colocaron una cinta roja en su puerta para simbolizar que la institución estaba “clausurada” porque no los representa.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la muerte de Ortiz e instó al Gobierno a cesar la “represión en forma inmediata”.

Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez de las que la oposición culpa a Maduro. Pero el mandatario de 54 años dice que son sus adversarios los responsables por llevar a cabo una “guerra económica” contra su gobierno socialista.