Ejército de Liberación Nacional, Eln / Foto: Archivo.

El presidente Juan Manuel Santos y las Farc firmaron hace un año un acuerdo para acabar con una violenta confrontación que en más de medio siglo ha dejado 220.000 muertos y al menos siete millones de desplazados.

Sin embargo, el Eln y otros grupos ilegales armados que el Gobierno califica como bandas criminales, pero que para Amnistía Internacional son paramilitares, se disputan el control de varias regiones afectando los derechos humanos de la población civil con asesinatos, amenazas y desplazamientos.

“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, al presentar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

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Las Farc abandonaron las armas y más de 11.000 de sus integrantes entre combatientes y auxiliadores, conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y avanzan en un proceso de reintegración a la sociedad.

Aunque desalojaron extensas zonas selváticas y montañosas que controlaron por años, el Gobierno no las ocupó de inmediato lo que permitió que el Eln y bandas criminales como el Clan del Golfo y los Pelusos se lanzaran en una disputa por el control territorial de regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.

Amnistía denunció que los grupos paramilitares están operando en varias regiones con el apoyo de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras que alertó sobre la necesidad de que el Gobierno proteja a la población civil y cumpla lo acordado con las Farc para lograr una paz total y estable.

“Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Si el Gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados, el futuro seguirá siendo sombrío”, concluyó Shetty.

Reuters.