Para algunos expertos, la prioridad es garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los trayectos por parte de los taxistas, así como regular la organización del sistema y su modelo de afiliación, pues aseguran que esa podría ser una de las razones por las que Uber haya comenzado a surgir en Bogotá.

Carlos Guevara, representante a la Cámara por el movimiento político MIRA explica que el año pasado más de mil 500 quejas se presentaron ante la Secretaría de Movilidad en virtud de la mala prestación de este servicio en Bogotá, de las cuales solamente 50 llevaron a una sanción al conductor.

Así mismo, reveló que las quejas que más usuales son bajar al pasajero en la mitad de la carrera, el taxímetro adulterado o malos tratos del conductor.

Por otro lado, hay quienes dicen que ambos modelos tienen cabida para operar en Bogotá, afirman que así como los taxistas tienen derecho a trabajar, Uber puede ser parte de la evolución tecnológica en tendencias como la economía colaborativa.

Gustavo Palacios, director ejecutivo del laboratorio de economía colaborativa, asegura que son las personas las que han hecho crecer este servicio: “hoy en día según un estudio en Pro Bogotá solamente el 1.5 del transporte público que se realiza en la capital lo hace Uber y el 98% lo hacen los taxis”. Por tal razón indica que ambos servicios pueden coexistir y generar trabajo.

Así mismo, otros ciudadanos indican que Uber no tiene reglamentado el nivel de profesionalización de los conductores, ni control en los abusos del servicio y argumentan que la empresa tomó el camino ilegal. Afirman además que lo más importante es que se cumpla la ley.

Por ejemplo, Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá, resalta que los taxis pagan impuestos, tienen seguros y se mueven con unos parámetros legales establecidos; por otro lado esta Uber “llega de una manera pirata a prestar un servicio paralelo que hay que regular, para mí lo más importante es que todos los ciudadanos y ciudadanas estén seguros”.

Quienes están en desacuerdo con la operación de Uber, se preguntan si Colombia está preparada para desregularizar el transporte. Si es así, al menos las plataformas deberían tener alternativas complementarias que cumplan con todos los requisitos de la norma para que logren entrar a participar en el transporte de servicio particular, según los argumentos de los críticos.

Leopoldo Alfonso Leanini, miembro del observatorio movilidad y territorio de la Universidad Nacional explica que 80 mil vehículos, de dos millones 200 mil vehículos que circulan por la capital no es un impacto significativo, sin embargo en el empleo informal si hay una implicación porque hay 25 mil personas que trabajan de manera informal en estos vehículos.

La decisión quedó en manos de la corte y es el Presidente Santos quien debe regularlo, sin embargo, surgen demandas de vulneración del derecho al trabajo; por otro lado los usuarios demandan la calidad del servicio. El Estado deberá encontrar la manera de proteger los derechos de los taxistas pero también el de los usuarios.

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