A comienzos de este año se dio a conocer la iniciativa del partido Alianza Verde, movimiento político al que pertenece la senadora Claudia López, quien fue una de las promotoras de este proyecto con el que se busca prevenir y castigar los hechos de corrupción en el país.
Por lo anterior y tras una fuerte campaña realizada por diversas personalidades políticas durante seis meses, la Consulta Popular Anticorrupción logró recaudar, al 20 de julio del 2017, un total de 4.312.653 firmas, convirtiéndose en la iniciativa ciudadana radicada con mayor número de firmas desde que se consagraron estos mecanismos de participación en la Constitución del 91.
Las firmas fueron radicadas este miércoles por la Consulta Popular Anticorrupción ante la Registraduría Nacional, la cual cuenta con 45 días para revisar los documentos y certificar que haya más de 1.762.080 firmas válidas para que la Consulta pueda continuar.
¿Qué viene para la Consulta Anticorrupción?
El trámite continuará en la plenaria del Senado en donde se tendrá que aprobar una proposición expresando la conveniencia de convocar esta consulta. A partir de esa aprobación, la Registraduría tendrá hasta 3 meses para convocar a los ciudadanos a votar los 7 mandatos de la Consulta Anticorrupción.
El paso final y definitivo lo darán los ciudadanos ya que por lo menos 11 millones de colombianos deben votar los 7 mandatos anticorrupción para que se vuelvan obligatorios.
¿Cuáles son los 7 mandatos anticorrupción?
- Limitar a máximo tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.
- Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta y conflictos de interés a todos los elegidos.
- Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía.
- Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.
- Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización-
- Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio
- Reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes el sueldo de Congresistas y altyos funcionarios del Estado.
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