Este lunes, la sala plena de la Corte Constitucional decidió el futuro sobre el pago de prestaciones sociales de 106 madres comunitarias del ICBF.

Según estas mujeres, se les adeudaba un tema de salarios y pensiones por lo que el Alto Tribunal les dio la razón para que el Gobierno les pague solo las prestaciones de quienes prestaron dicho servicio desde  1988 hasta 31 de enero del 2014.

“La Corte en su sesión de sal plena tomo la decisión de declarar la nulidad parcial de la sentencia tT480 del 2016 por considerar que la misma contrariaba la jurisprudencia constitucional aplicable. Por lo que decidió mantener la protección de las madres comunitaria tutelantes a los aportes a pensión de conformidad con la legislación aplicable”, agregó el magistrado Luis Guillermo Pérez, presidente de la Corte.

Por su parte, el Gobierno había manifestado en su momento que esta decisión dejaría un hueco fiscal de más de 1,5 billones de pesos.

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