Iván Cancino, abogado, y Francisco Bernate, especialista en derecho penal, debatieron en Opina Bogotá qué hacer con los delincuentes reincidentes que se han vuelto un dolor de cabeza para la seguridad.
Según Cancino, hay una falta de voluntad política real para combatir la reincidencia. “El 70 % de la reincidencia es algo que definitivamente nos afecta a todos. Los brazaletes electrónicos son insuficientes; se los ponen a los gatos o al vecino. Necesitamos tecnología de punta”.
Señaló además que no se puede hacer un estudio real sobre la criminalidad ante la falta de uniformidad en las cifras.
“Si tuviésemos un sistema de política criminal serio, tendríamos los elementos para entender por qué una mujer roba hasta 43 veces”, dijo.
“El Código Penal dice que no debe haber beneficio para reincidentes. Necesitamos más fiscales y más infraestructura, pero eso vale plata. La población ha crecido exponencialmente, pero seguimos teniendo el mismo número de jueces. Necesitamos invertir seriamente en la justicia”, agregó.
Indicó que Colombia debe ser el único país en el que su complejo judicial más importante ni siquiera tiene baños, en donde hay un hacinamiento del 40% en sus cárceles y donde “denunciar es un encarte; puede durar hasta 18 horas el procedimiento. Debe haber simplificación en los procedimientos”.
Por su parte, Bernate aseguró que hay hurtos, como el calificado o agravado, que implican una urgencia distinta de la Fiscalía para solicitar la detención intramural.
“En ocasiones con la Fiscalía no se hace la sustentación clara del delito, no hay elementos para que el juez de garantías pueda dictar medida de aseguramiento a reincidentes. Se hizo una reforma a la Ley 1826 de procedimiento abreviado para tener una audiencia más concentrada, pero se le dieron beneficios a los delincuentes que aceptaban cargos”, adicionó.
Por otro lado señaló que en las URI entra cada cinco minutos una persona capturada por robos simples; “los fiscales ya no dan abasto, los procedimientos de captura que se hacen en flagrancia a veces no son adecuados; hay violación derechos e ilegalidades que provocan la libertad del detenido”.
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