Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 40 Penal de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento en contra del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez.
El ex alto funcionario judicial deberá responder en juicio por incurrir presuntamente en los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente.
Los hechos relatados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema lo vinculan con 6 eventos delictivos en los que en calidad de exmagistrado y otros que, ostentando tal dignidad, habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley.
En primer lugar, sostuvo el delegado de la Fiscalía, se le señala de conformar una organización criminal, integrada presuntamente por el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández, el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez.
Agregó que estas personas al parecer “se reunían periódicamente en la residencia del exmagistrado Ricaurte o la del exmagistrado de la Sala Penal del alto tribunal, José Leónidas Bustos, o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales de 2014 en el Hotel Marriott en Miami (Estados Unidos)”.
Relató que “a mediados del año 2013 el exmagistrado Ricaurte conoció al exfiscal Gustavo Moreno a través de Leonidas Bustos, y por esa época, citó a su apartamento al entonces abogado Moreno Rivera para explicarle la manera de operar de la organización y como manejarían los procesos”.
“Era usted señor Ricaurte el que referenciaba a los congresistas, políticos o gobernadores de quien se supiera que estaban en etapa de indagación o investigación, ya fuera en la Corte o en la misma Fiscalía”, explicó el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.
Al justificar su petición, el representante del ente acusador advirtió que Ricaurte en compañía de sus socios supuestamente utilizaban la información privilegiada, manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testigos.
De la misma manera señaló que “esta organización incrustada en la justicia, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo”.
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