La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a cinco uniformados que obstruyeron la investigación que daría con los responsables del asesinato de Diego Felipe Becerra, grafitero que murió en extrañas circunstancias el 19 de agosto del 2011 mientras pintaba un mural.

Esta decisión deja por fuera del cargo al subintendente Juan Carlos Leal Barrero, los patrulleros Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo. También fue revocada la absolución que habían adquirido los comandantes de la estación de Policía de Suba, Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y subteniente Rosemberg Madrid Orozco.

Los comandantes son acusados de haber alterado la escena del crimen, con el fin de favorecer y ocultar la actuación del  expatrullero Wilmer Alarcón en la muerte de Diego Becerra.

Mientras que los patrulleros Navarrete y Rodríguez Castillo son señalados, además de alterar la escena, de propiciar una demora injustificada en la entrega de pruebas a la Fiscalía General de la Nación y hacer un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos ocurridos en 2011.