El aumento de venezolanos en nuestro país ha puesto de presente la necesidad de trabajar en la construcción de una política pública que permita organizar la respuesta institucional para fenómenos migratorios de este tipo.

El número de extranjeros que transitan y permanecen en el país se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, bien sea producto de decisiones políticas, de la posición estratégica de Colombia por cuyo territorio transitan los migrantes en busca de llegar a Estados Unidos o de la crisis del vecino país. Lo cierto es que el número de migrantes internacionales en todo el mundo no ha cesado de aumentar y que Colombia, aunque históricamente no ha sido un país de destino de migrantes, no es ajena a esta tendencia.

El ingreso, el tránsito y la salida de los extranjeros de nuestro país se realiza en la actualidad conforme a las disposiciones del Decreto 1067 de 2015. Esta norma concede amplias potestades discrecionales a las autoridades administrativas para ejercer las funciones de control migratorio, mientras que calla a la hora de estipular aspectos fundamentales como su acceso a derechos, la situación familiar de los migrantes y los mecanismos de regularización.

Frente a la situación que se presenta actualmente con los venezolanos, se han tomado medidas excepcionales para conceder permisos de permanencia a algunos de los que han ingresado a nuestro país. Sin embargo, estas medidas de regularización resultan insuficientes a la hora de atender a la población con necesidades humanitarias, a los niños y niñas no acompañados, las mujeres embarazadas, los apátridas y las víctimas de trata, entre otros.

Por otra parte, una gran cantidad de colombianos que vivían en el vecino país han retornado junto con sus familias y se han enfrentando a circunstancias de precariedad y a dificultades para acceder a servicios básicos, a pesar de existir programas de retorno (ley 1565 de 2012) los cuales, sin embargo, se centran en aquellos colombianos que regresan trayendo consigo bienes y capitales.

Los departamentos con mayor exposición a este fenómeno como Norte de Santander, Atlántico y Cundinamarca, han tenido que hacer frente a las demandas de atención de parte de los migrantes y retornados, en los sistemas de salud y educativos, así como en sus mercados laborales, de manera reactiva, y sin contar con recursos suficientes, lo que se ha traducido en dificultades tanto para los locales como para los recién llegados.

Hoy el tema que nos ocupa es el de los venezolanos, pero hace dos años, en 2015 era el de los más de mil cubanos que pasaron por Colombia. En esta oportunidad también se tomaron medidas reactivas excepcionales, se adelantaron procesos de deportación exprés y se dejaron en el limbo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, mientras las autoridades locales lamentaban la ausencia de una respuesta adecuada.

Estas situaciones ponen de presente la necesidad de coordinar esfuerzos para fortalecer y estructurar una verdadera política migratoria, disponer de recursos suficientes para hacerle frente a la llegada de extranjeros con necesidades humanitarias, acompañar a las autoridades en las zonas de fronteras, establecer de manera clara los derechos y deberes de los extranjeros en el territorio y llenar los vacíos existentes en la normatividad actual frente a las necesidades de acompañamiento a los colombianos retornados.

Si no construimos pronto un modelo de respuesta adecuado a las dimensiones del fenómeno al que nos enfrentamos, seguiremos reaccionando de manera improvisada, y veremos reproducirse los asentamientos de extranjeros y de retornados ante la mirada impávida de nuestras autoridades, mientras seguimos repitiendo que la situación nos tomó por sorpresa.


Alexandra Castro
Directora del Observatorio de Migración de la Universidad Externado de Colombia