El Gobierno de Venezuela rechazó el martes el intento "imperial" de sanciones desde Estados Unidos, que amenazó con imponer "fuertes medidas económicas" si el presidente Nicolás Maduro continúa con su plan de llevar a cabo una controvertida Asamblea Constituyente para reescribir la carta magna.

El canciller venezolano, Samuel Moncada, dijo que su país seguirá adelante con la elección de los constituyentes, prevista para el 30 de julio, y agregó que harán una "revisión profunda" de sus relaciones con el país del norte, que también evaluaría otras penalidades contra funcionarios venezolanos.

"Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia", agregó el recién nombrado canciller de Venezuela.

El domingo, la oposición consiguió que 7,6 millones de venezolanos votaran en un plebiscito no vinculante para rechazar la Constituyente porque creen que significa la consumación de una "dictadura" en su país.

Y, envalentonada por la masiva votación, la treintena de partidos contrarios a Maduro convocó a un paro de 24 horas el jueves y a protestar con más vehemencia y continuidad que durante los tres meses previos de manifestaciones callejeras.

Varios gobiernos de América Latina, incluido Brasil, saludaron la consulta opositora y pidieron que se respete la voluntad popular, pero Estados Unidos fue más allá al asegurar que si el Gobierno no cancela la Constituyente, llegarán "fuertes medidas económicas".

Además, la administración de Donald Trump evalúa imponer sanciones contra varios funcionarios venezolanos de alto rango, dijeron el martes a Reuters fuentes en Washington.

Entre los acusados estarían el vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, agregaron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tirantes desde 1999, cuando el fallecido Hugo Chávez asumió como presidente del país sudamericano. Si bien en el 2010, Venezuela retiró a su embajador en Washington, nunca ha llegado a romper relaciones comerciales con el país del norte, que se mantiene como el principal mercado para el crudo venezolano.

Para lidiar con la crisis de Venezuela, el gobierno de Trump estaría manejando distintas opciones: desde medidas contra funcionarios públicos hasta sanciones al sector energético del país, incluyendo la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las sanciones podrían ser oficializadas tan pronto como el martes, informó a Reuters un funcionario estadounidense. Sin embargo, otra fuente dijo que el anuncio podría retrasarse.

En los últimos años, varios miembros del Gobierno socialista de Venezuela han sido sancionados por cargos que van desde tráfico de drogas hasta violaciones a los derechos humanos. El más reciente fue el vicepresidente Tareck El Aissami. Las sanciones contra individuos, no obstante, no tendrían el mismo peso que un castigo económico.

Venezuela depende casi enteramente de sus exportaciones petroleras, de donde obtiene alrededor del 95 por ciento de sus ingresos en divisas. El país exporta unos 780.000 barriles por día (bpd) de crudo a Estados Unidos que, junto con India, son de los pocos clientes que le pagan mayormente en efectivo.

Entidades de China, el segundo mercado más importante para el petróleo venezolano, reciben unos 485.000 bpd de Venezuela, principalmente como pago de millonarios préstamos.

"Un embargo petrolero de Estados Unidos sobre Venezuela implicaría perder el 75 por ciento de las exportaciones (11.000 millones de dólares anuales) gracias a la Constituyente de Maduro", dijo el diputado opositor Ángel Alvarado en Twitter.

"Nadie quiere el embargo petrolero. Lo que quiere el venezolano es que Maduro desista de la Constituyente. ¡Oigan al pueblo que habló el domingo!", agregó el también economista.

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