La Fiscalía General de la Nación tomó decisiones sobre los oficiales que, en su momento, tuvieron a cargo la coordinación de la seguridad del entonces candidato presidencial la noche del 18 de agosto de 1989.

En este sentido, el ente investigador definió la situación jurídica de los generales en retiro Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona, y les impuso medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

La decisión está relacionada con los homicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñaloza; exconcejal de Soacha, Santiago Cuervo; escolta, y la tentativa de homicidio del escolta Pedro Nel Angulo.

El ente investigador impuso como medidas restrictivas salir del país, observar buena conducta familiar y personal y pagar cerca de 40 salarios mínimos mensuales vigentes.

Por otra parte se vinculó al proceso al general en retiro Óscar Peláez, director de la Dijin en la época de los hechos.