Un juez ordenó el jueves prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Alejandro Toledo por el cargo de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht con el fin de ayudarle a ganar la licitación de una carretera que une a Brasil y la costa de Perú.

Toledo, de 70 años, es el primer exmandatario sobre el que se dicta ir a la cárcel en relación a la gigantesca pesquisa anticorrupción originada en Brasil y que ha salpicado a varios países de Latinoamérica y dos de África. Cuando sea capturado y enviado a una prisión local se convertirá en el segundo expresidente peruano tras las rejas en una década.

El juez Richard Concepción dictó orden de captura a nivel nacional e internacional, e indicó que se envió alerta roja a la Interpol para que sea detenido "en el lugar donde esté".

El magistrado, que expuso su sentencia durante cuatro horas, dijo que hay un "alto grado de probabilidad" de que el exmandatario haya cometido el delito de lavado de activos y tráfico de influencias, y que no existen garantías de que "se va a sujetar al proceso judicial porque se encuentra en el extranjero", debido a lo cual se ordenó apresarlo de forma preventiva.

"Por más que Toledo haya sido presidente debe estar sujeto a la ley", afirmó el juez, e indicó que los cargos que se le imputan son graves. Comentó que su conclusión era que el exmandatario "estaba vendiendo la obra (la carretera) a cambio de una suma de dinero".

Durante la mañana el fiscal anticorrupción Hamilton Castro sustentó la prisión preventiva contra Toledo y dijo que el expresidente fue delatado por el brasileño Jorge Barata, quien por más de una década fue el poderoso representante de Odebrecht en Perú y ahora es colaborador eficaz de la fiscalía. Barata es uno de los 77 ejecutivos de la constructora que, junto al expresidente de la compañía, han confesado en Brasil que ésta repartió sobornos en Latinoamérica y África.

Según el fiscal, Barata decidió "declarar con su nombre para que el Perú lo sepa" y dijo que Odebrecht pagó el soborno al expresidente en 18 plazos que empezaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando el mandato de Toledo ya había concluido.

Castro explicó que los pagos ingresaron en cuentas bancarias de empresas en ultramar pertenecientes al testaferro de Toledo, un amigo suyo israelí durante más de 40 años llamado Josef Maiman. Al momento se han detectado 9,6 millones de dólares que pasaron por diversos bancos como el Trend Bank Limited de Brasil, Antigua Overseas Bank y el Citibank en Londres, agregó el fiscal.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, dijo que apelará la sentencia y denunciará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El martes, el otro abogado del expresidente, Paolo Feria, dijo que su cliente estaba en París, desde donde el domingo había negado haber recibido cualquier soborno en una entrevista vía Skype con una televisora local.

El Gobierno dijo en un comunicado difundido por la noche que si Toledo "no es expulsado del país en que se encuentre" iniciará la solicitud de extradición, y que si "en las próximas horas no se conoce" su paradero, lo incluirá en la lista local de delincuentes prófugos por los que se otorgan recompensas monetarias para obtener datos de su escondite.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo, dijo el domingo que el caso de éste "es una gran vergüenza, una traición al Perú".

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció haber girado sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los hechos también ocurrieron en los gobiernos posteriores a Toledo: el de Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala (2011-2016).

García vive en Madrid, mientras que Humala sigue en Lima. Al momento, otros cuatro peruanos ligados al gobierno de García, entre ellos un viceministro, están detenidos por estar implicados en otras coimas con Odebrecht.

Toledo llegó a la presidencia tras luchar contra el gobierno de Alberto Fujimori, quien en 2000 —en el décimo año de su administración— huyó a Japón, desde donde renunció al puesto, agobiado por los escándalos de corrupción. Ahora Fujimori, de 78 años, está preso en Lima y cumple una condena de 25 años por asesinato y corrupción.

 

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