Después de que las Farc empezaran a agruparse en las Zonas Veredales de transición, amplios territorios del país fueron quedando libres de su influencia. Son lugares importantes en la medida que durante el conflicto se convirtieron en foco para el narcotráfico, la minería ilegal u otros ilícitos.

¿Qué pasará, entonces con esas zonas?

Según la fundación Fundación Paz & Reconciliación, “sobre los territorios que abandonaron las FARC, existen hasta hoy, cinco tipos de zonas postfarc; i) con presencia de ELN ii) con presencia de bandas criminales iii) con aumento de la delincuencia común iv) con expresiones de disidencias de las FARC v) con esfuerzo de recuperación del Estado”

Respecto a la primera zona, es decir la que tomaría el Eln, —o está tomando—, son sobretodo corredores históricos de las Farc, como el sur del Cauca, que geográficamente tendría las condiciones para que la guerrilla se escondiera, además de que les aportaría recursos por vía de los cultivos ilícitos y la minería.

La segunda zona, que es la que presentaría la situación más delicada. En el Cataumbo, Santander, Cesar, Los montes de María, además de zonas del Pacífico. El objetivo sería el mismo que el del Eln: controlar negocios ilegales y acaparar amplios espacios para protegerse. La extorción sería también uno de los principales fenómenos que resultaría de esta “reocupación”. “El clan Usuga”, “El clan del Golfo” y reductos de Bacrim son los principales interesados.

Aquí resulta evidente la relación entre la tercera zona, que es la que tomaría la delincuencia común, quienes están cercanamente relacionados con las Bacrim y ocuparían los territorios de las Farc con la misma intención.
Por otro lado, y en cuanto a las últimas zonas, el Estado ha desarrollado dos caminos. El primero es el denominado “Plan victoria”, que consiste en una estrategia militar por la que se espera consolidar las condiciones de seguridad de los lugares que más duramente han sido castigados por la guerra. Su objetivo será el de evitar que, con fines ilegales, se retomen las zonas dejadas por las Farc.

Otro de los mecanismos es el Plan Esperanza, dirigido por la Fiscalía General de la Nación. “Dentro de las políticas trazadas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la transición y con el fin de proteger la integridad de las comunidades vulnerables, líderes indígenas y comunales, defensores de derechos humanos y líderes sociales; está en marcha el Plan Esperanza para evitar la impunidad, enfrentar el delito, frenar el avance de los grupos del crimen organizado y articular acciones para proteger la vida y restablecer los derechos de dichas comunidades”, explica la entidad al respecto.

En procura del éxito del Proceso de paz y el Posconflicto, el Estado Colombiano debería asumir la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los lugares que han ido abandonando las Farc, sino también la de mejorar las condiciones sociales, que fueron, al final de cuentas, causas importantes para que se diera y se mantuviera la guerra.
De acuerdo a la Fundación paz y reconciliación “desde que se inició el proceso de paz, uno de los mayores retos que se advirtió en materia de sostenibilidad de la paz, tiene que ver con las garantías y mejoras en la seguridad de los territorios en los que operó la guerrilla. Los riesgos de que estos espacios fueran cooptados por otros grupos siempre ha estado latente, y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían a estos territorios ante nuevos escenarios de violencia. En la región del sur de Córdoba, el bajo cauca antioqueño y el pacifico colombiano, este ocupamiento ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”.