El Ministerio Público busca determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril, en el municipio de Mocoa, cuando se desbordaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco ocasionando una avalancha que dejó más de 300 personas muertas y miles de familias damnificadas.

Dentro de las consideraciones tenidas en cuenta por el organismo de control se encuentran los registros en medios de comunicación en los que se señala que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) al parecer ya había advertido de la tragedia, como resultado de estudios en donde “(…) alertaba que este tipo de acontecimientos podrían pasar.”

El Procurador Segundo Delgado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, inició la recaudación de pruebas en la Alcaldía Municipal de Mocoa; la gobernación del Putumayo, Corpoamazonía, la Universidad Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (Ideam), el Ministerio del Medio Ambiente, y Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastre.

Requirió, entre otros, copia de los estudios realizados por Corpoamazonía en donde, al parecer, se advierte de los posibles desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco.

También, las acciones tomadas para evitar la deforestación del municipio y copia del acta y/o memorias del taller del Servicio Geológico Colombiano, en donde se presume que hubo advertencia sobre los asentamientos inadecuados en ciertas áreas y el mal uso de los suelos.

Finalmente, otorgó a todas las entidades públicas, corporación, instituto y unidad que hacen parte de la indagación, un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de notificación del auto que ordena la indagación, para que respondan a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación.