El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la inmediata intervención forzosa administrativa de Medimás EPS, debido a la inexistencia de red de prestadores de servicios que impiden garantizar la atención en salud, violando los derechos fundamentales de cerca de 5 millones de afiliados.

El jefe del Ministerio Público advirtió que Medimás no garantiza el plan obligatorio de salud de sus usuarios, quienes ya venían padeciendo la mala atención y los problemas de Cafesalud por casi dos años.

“Lo que la Procuraduría busca es tener una actuación oportuna en función de la protección de los afiliados a esta EPS, sus familias y sus derechos fundamentales. No vamos a esperar otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar. Estos colombianos, reitero, no aguantan un mes más en estas condiciones”.

Carrillo Flórez cuestionó los incumplimientos de la EPS, que a diario se ven reflejados en demoras en la atención o en las consultas médicas especializadas, retrasos para la programación de cirugías, no entrega de medicamentos, no pago de enfermedades por incapacidad laboral ni licencias de maternidad, desatención a fallos de tutela, no prestación de servicios de urgencias, entre otras omisiones, que suman más de 10.000 quejas ante la misma superintendencia en los 34 primeros días de operación, con corte a 4 de septiembre.

A esto se suma las 5.000 peticiones de información, que en su mayoría tienen relación con solicitudes de traslado a otra EPS.

“La falta de atención idónea y de una red suficiente para la prestación de servicios de salud, no solo afecta a los afiliados en general, sino lo que es aún más grave, los derechos de población vulnerable y de especial protección constitucional como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo”.

El jefe del ente de control señaló que de los 29 departamentos donde opera Medimás, la Procuraduría cuenta con certificaciones expedidas por 27 entes territoriales donde la EPS no tiene contratada una red de prestadores de servicios.

“El simple hecho de tener cartas de intención con algunos prestadores de salud, sin ningún contrato formalizado, no garantiza la protección del derecho fundamental a la salud. (…) La salud de los colombianos no admite plazos, términos, condiciones, ni dilaciones”, sostuvo.