De igual manera, la SIC ha exigido que a partir del segundo semestre de 2020, todos los alcoholímetros utilizados con fines judiciales o administrativos serán verificados anualmente por un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM designado por la SIC, para verificar que los instrumentos continúan siendo aptos para medir alcohol en sangre y tener la trazabilidad de cada uno de ellos.

Con esta medida, la Superintendencia de Industria y Comercio busca que las decisiones administrativas y judiciales que se toman en torno a este tema, tales como la imposición de una multa o la decisión de enviar a alguien a prisión, estén fundamentadas técnicamente evitando así que se comentan injusticias en contra de los ciudadanos.