Noticias Capital informó el día de ayer que la Jurisdicción Especial para la Paz tomó la primera decisión de fondo en el macrocaso 03 de “falsos positivos”. Hoy entregamos información sobre el alcance que tendría la imputación de crímenes de lesa humanidad al general en retiro Paulino Coronado, a otros 9 militares y un civil, por 120 casos de asesinatos y desapariciones de civiles, que fueron presentados como bajas en combate. Los hechos ocurrieron en el Catatumbo entre el año 2007 y 2008.
En un hecho sin precedentes, la JEP señaló que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia, el asesinato de habitantes del Catatumbo y de jóvenes que fueron trasladados con falsas promesas de trabajo desde Bogotá, Soacha, Gamarra, Aguachica, Bucaramanga y hasta de Mérida, Venezuela, no fue un error sino una práctica institucional del Ejército Nacional.
Las confesiones de varios militares que se sometieron a la Justicia Especial para la Paz y el contraste de la información oficial entregada por el Ministerio de Defensa fueron determinantes para que la JEP imputara a un general de la Fuerzas Militares y 9 uniformados más, que de no reconocer la responsabilidad en estos hechos, podrían enfrentar penas hasta de 20 años de cárcel.
El tribunal de justicia transicional reconoció que los asesinatos cometidos por los militares respondieron a la presión institucional en la que se les exigía bajas a como diera lugar. Los incentivos que recibieron los mandos del Ejército Nacional de Colombia iban desde condecoraciones, permisos vacacionales hasta regalos por el incremento de bajas.
Los magistrados de la sala de reconocimiento concluyeron que los imputados actuaron siendo plenamente conscientes de que estos delitos se cometían como parte de una ataque sistemático contra la población civil, de ahí la determinación de declararlos culpables de crímenes de lesa humanidad, entre las víctimas de falsos positivos del Catatumbo en estos años, indicó la JEP, había personas en condición de discapacidad mental, líderes sociales y políticos.
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