Desde 2015, los casos de feminicidios en Bogotá se han reducido en 21 %. De hecho, la Alcaldía de Bogotá invirtió más de 200.000 millones de pesos en la protección de las mujeres durante los últimos cuatro años, lo que significó un aumento de 53 % en el presupuesto para cumplir esa función.
Gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, en el último cuatrenio se mejoraron muchos de los servicios como la Línea Púrpura, que antes funcionaba únicamente en horario de oficina y ahora es 24 horas. De la misma manera, a través de psicólogas, abogadas, enfermeras y trabajadoras sociales los servicios que se ofrecen por esta línea se dan en óptimas condiciones de dignidad y acompañamiento. Más de 43.000 mujeres han sido atendidas por este medio. A través de las Casas Refugio, 3.500 mujeres han recibido apoyo, al igual que sus ecosistemas familiares.
La Línea Púrpura está disponible por medio de el teléfono 018000112137 y el contacto de Whatsapp 3007551846. También puede escribir a lpurpura@sdmujer.gov.co.
De la misma manera, han sido asesoradas más de 36.000 mujeres por el equipo de abogadas de la Alcaldía de Bogotá. Esto ha significado, que las asesoras han representado un total de 1.125 casos ante la justicia. En esta línea, el trabajo conjunto con la Fiscalía, Medicina Legal y con la Secretaría de Seguridad, sirvió para tener médicos en las URI para hacer la valoración médico legal de las mujeres sin necesidad de que deban desplazarse hasta la sede central de Medicina Legal.
A esto se suma el mapeo de zonas de riesgo para mujeres en la Bogotá nocturna. A través de este estudio se evaluaron más de más de 16.000 km viales y los 540 km de ciclorruta, para identificar zonas en que las mujeres se sentían amenazadas. Estos puntos serán intervenidos para cambiar esta situación.
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Durante estos cuatro años también se creó el primer Protocolo de Atención y Sanción a Violencias contra las Mujeres en el espacio y el transporte público, así como el primer Protocolo para atender a las mujeres que son víctimas de condiciones como el acoso callejero y las violencias comunitarias, es decir, violencias que no son perpetradas por la persona con la que habitan sino también por terceros.
Esto de la mano con la creación de la primera política pública de personas que ejercen actividades sexuales pagadas para buscar su protección.
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