Se trata de la Corporación AINARA, una estructura de ofrecía planes de estudios en Bogotá, municipios de Cundinamarca, Meta y Atlántico a docentes que buscaban ascender en el escalafón oficial o aplicar a un mejor cargo.
Para acceder a estos estudios, los profesores debían hacer un pago por cuatro millones de pesos y asistir a las clases cada 15 días durante un año hasta graduarse supuestamente con el respaldo de la Universidad del Atlántico.
Sin embargo, la Fiscalía recibió una denunciar por parte de un docente al que le negaron una certificación de notas, en donde constato que la supuesta institución no tenía registro para desarrollar actividades educativas ni había convenio con la Universidad del Atlántico.
El CTI de la Fiscalía procedió a hacer las investigaciones pertinentes y en las últimas horas se dio la captura de tres personas, quienes alcanzaron a engañar a al menos 2.300 profesores, es decir, personas que pagaron, asistieron a clase y recibieron títulos en literatura, español y múltiples licenciaturas, sin saber que eran falsos.
En Bogotá fue detenida Laura Martha Gallego Vargas, una docente adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá, sindicada de administrar la sede principal de AINARA ubicada en Madrid (Cundinamarca) y de coordinar las licenciaturas, especializaciones y maestrías que ofrecía en el departamento.
Otro docente del sector público, Diógenes de Jesús Lara Flórez, residía en Villavicencio y presuntamente dirigía las sucursales de la corporación en Puerto Gaitán y Granada (Meta). El tercer detenido, Steve Rafael García Muñoz, fue localizado en Barranquilla y sería el encargado de suministrar los títulos, actas de grado, tarjetas profesionales y diplomas fraudulentos rotulados con símbolos y firmas de las directivas de varias universidades.
Las evidencias recuperadas revelaron que, cada seis meses, la Corporación AINARA graduaba grupos numerosos de docentes y que la estafa en tres años, podría superar los 9 mil millones de pesos, según los cálculos preliminares.
Asimismo, los elementos recopilados en las diligencias, como sellos, documentos y bases de datos, permitieron detectar personas que contactaron a la red delincuencial para recibir diplomas y títulos, conscientes de su origen fraudulento. Al respecto, la Fiscalía comenzó a documentar casos en Arauca, Cali, Medellín, Ibagué, Villavicencio Bogotá, Barranquilla.
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