La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) informó que en lo corrido de 2018 han sido asesinados 22 líderes sociales y otros 166 han sido víctimas de amenazas este año en el país.
El anuncio fue hecho en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevan a cabo en Bogotá.
CODHES agregó que 3.436 personas fueron desplazados de manera forzada en el año que corre. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales en Colombia aceleraron la migración obligatoria.
El 50% de los homicidios se ha concentrado en las regiones del Bajo Cauca (Antioquia y Córdoba) y en el Pacífico Sur colombiano (Nariño, Cauca y Valle del Cauca).
Cabe decir que en 2017 las Naciones Unidas revelaron que 105 defensores de derechos humanos fueron ultimados por diferentes grupos delincuenciales colombianos.
Además, entre enero de 2016 y enero de 2018, fueron verificados 153 asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos por la oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos.
En ese sentido, el ministro de Interior de Colombia, Guillermo Rivera, explicó que existe un sector de líderes victimizados en medio del conflicto originado por el control territorial de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.
Para frenar estos flagelos, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), al que le corresponde hacer las evaluaciones y decidir en qué condiciones una persona amerita protección del Estado, informó que a la fecha hay 5.757 personas protegidas, de ellas, 3.665 son líderes sociales o defensores de derechos humanos.
Según datos obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, de los 153 asesinatos ocurridos en los últimos dos años, solo 14 personas fueron sentenciados, 35 están en juicios y 17 en fase de investigación avanzada.
De los 153 homicidios apenas se esclarecieron el 44,5% de los casos, lo que significa que se conoce el motivo y hasta los victimarios del crimen, pero no han sido judicializados los responsables.
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