Una  investigación adelantada durante dos años por la Policía Nacional permitió desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

Las autoridades lograron la identificación de una organización delictiva dedicada a la comercialización de facturas espurias, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

Se logró establecer, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

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Así habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Incluso habría adoptado modelos de evasión internacional para desangrar al Estado por más de una década.

Durante la investigación, adelantada en el marco del Plan Choque ‘El que la hace la paga’, Construyendo Seguridad, ordenado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pudo evidenciar que una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuó maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, más de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.