Como si se tratara de un mal sueño, en La Libreta de Mesa Capital se recordó el fatídico 5 de octubre de 2017, la primera masacre después de la firma del Acuerdo de Paz, donde fueron asesinados siete campesinos por parte de la Fuerza Pública.
En la vereda El Tandil de Tumaco, Nariño, se reunieron los campesinos de la zona para protestar en contra de la erradicación forzada de los cultivos de coca.
“Era un período de calma, pero desde inicios de octubre la comunidad campesina se empezó a organizar porque sabían que se iba a hacer una erradicación forzada, se reunieron para hacer las protestas desde el comienzo de la semana. Desde el primer día se exigió la presencia de otra entidad, además de la fuerza pública. Pero no lo hubo”, contó Diana Lucía Aldana, directora ejecutiva de la Corporación Jurídica Yira Castro.
En la manifestación hubo abuso de poder con la intervención de un grupo de Policías Antinarcóticos que dejó a siete personas muertas y 22 heridas.
“En la mañana, comenzó la discusión cuando de repente la fuerza pública disparó en contra de la comunidad, todas las personas salieron a correr, varias quedaron heridas, otras fallecieron en el lugar y otras en el hospital”, relató Diana Lucía Aldana, directora ejecutiva de la Corporación Jurídica Yira Castro.
Según el Acuerdo de Paz, la erradicación forzada de cultivos ilícitos sería la última instancia a la que llegaría el Gobierno; las comunidades deberían entregar la siembra en sus tiempos y de acuerdo su negociación con los delegados, por eso, la protesta del campesinado de El Tandil.
Las víctimas exigieron justicia al Gobierno Nacional, quienes les dieron atención a través de una investigación, por medio de una audiencia; sin embargo, luego de la imputación de cargos, hubo un salto procesal y de jurisdicción.
“Ahí comenzó el viacrucis, yo pregunté en Fiscalía y la respuesta fue que ya se había realizado la audiencia y que se había determinado enviar la investigación a la audiencia penal militar”, dijo Diana Lucía Aldana.
Con el paso de la justicia penal ordinaria a la justicia penal militar, llegaron entidades internacionales de derechos humanos y un panel de abogados más amplío para tratar el caso.
“La investigación en ese momento se dividió en dos porque un juez tenía que investigar a la Policía y otro juez al Ejército”, indicó Aldana.
Todos los abogados que representaron a las víctimas se remitieron a la Fiscalía para solicitar devolver el caso a la justicia penal ordinaria.
En 2021 se logró el cambio nuevamente a la justicia penal ordinaria, sin embargo, la Fiscalía no ha procedido con la acusación de cargos.
“En un proceso de cinco años no tiene ninguna persona condenada o sancionada, todas las investigaciones están en curso”, sostuvo Aldana.
Lo cierto es que, cinco años después, la masacre de El Tandil continúa impune.
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