Ha transcurrido un año de la muerte de 13 personas en Bogotá y Soacha en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Cinco de esos casos han logrado avances jurídicos, no los esperados por su familia, pero les dan esperanza a los demás, aunque hasta ahora ni siquiera han podido vincular a los responsables de los asesinatos.

Actualmente, de los 13 casos de personas muertas en medio de las manifestaciones solo hay 4 personas investigadas e involucradas formalmente, 3 en Bogotá y una en Soacha.

En medio de los enfrentamientos, hubo 581 heridos y más de 300 quejas por abuso de la fuerza por parte de la Policía. Hoy en día, esta cifra fue depurada y las pocas denuncias que quedaron no han avanzado.

"122 casos de los cuales ninguno se ha movido ni avanzado significativamente ni en la Fiscalía, ni tampoco los 8 casos en la Procuraduría", Andrés Idárraga, defensor de Derechos Humanos.

Según Idárraga, de las 121 quejas, 20 entraron en verificación y más de 50 fueron cerradas debido a desistimiento de los instauradores por continuar con el proceso. Actualmente, 13 denuncias están ante la Fiscalía, pero solo 4 personas han sido vinculadas.

Un patrullero, Jhon Antonio Gutiérrez, está vinculado a la muerte de dos jóvenes: Andrés Rodríguez y Jaider Andrés Fonseca, asesinados en el barrio Verbenal.

Juan Felipe Sánchez, abogado del caso Andrés Rodríguez, sostuvo que "el proceso de Jaider y de Andrés Felipe se esta llevando dentro de un mismo radicado por ser el responsable en ambos casos".

En este caso, el patrullero está en libertad. La defensa de la víctima, en medio de una audiencia que se desarrollará mañana, 10 de septiembre, pedirá medida de aseguramiento.

Otro de los uniformados vinculados formalmente es el relacionado con el caso de Angie Paola Baquero, asesinada en la localidad de Suba. El patrullero Jorge Andrés Lasso no ha aceptado cargos en medio del proceso, el oficial no tiene medida de aseguramiento.

Nelly Rojas, madre de Angie Paola Baquero, manifestó que "todavía aún no está destituido de la institución, antes, este año en el mes de marzo le dieron tres reconocimientos por excelente policía".

Germán Puentes fue asesinado en inmediaciones al CAI Suba Rincón, a este proceso fue vinculado el patrullero Andrés Eduardo Díaz. La audiencia preparatoria de juicio está programada para finales de este mes.

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Actualmente, el único oficial que tiene medida de aseguramiento es Óscar Márquez, por el proceso de Antonhy Estrada, asesinado en el municipio de Soacha.

En estos casos, han logado avances gracias a un común denominador, los cuerpos de las víctimas.

"Los patrulleros que se pudieron identificar e individualizar fue porque dentro de los cuerpos de las víctimas quedaron alojadas municiones que se dispararon con sus armas de dotaciones, luego del conteo balístico fue posible determinar la responsabilidad de estas personas con nombre propio", abogado.

Pero y ¿Qué pasa con los demás casos?

Julián Mauricio González fue asesinado en la localidad Kennedy, su caso no ha dado avances, según cuenta su madre.

Aida Fory, madre de Julián Mauricio González, afirmó: "hay personas que les quedó el tiro y tienen esa prueba, a mi hijo el tiro le salió".

Las demás víctimas presentan las misma condiciones, sus cuerpos no tenían las balas en su interior para cotejarlas, a excepción de Lorwan Estiwen Mendoza, cuyo cuerpo tenía un proyectil pero este sufrió un daño y no se pudo hacer la comparación.

Otro de los factores es el silencio. Los procesos también se han visto empañados por la revictimización. Sumado a los daños psicológicos:

"No he tenido ni siquiera un apoyo sicológico siendo que era mi único hijo, vivíamos los dos, en este momento prácticamente quedé sola, destrozada", Aida Fory. 

Las víctimas piden reparación y verdad, algunas manifiestan que no les importan las amenazas de muerte, lo único que quieren es justicia.

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