Precisamente frente al llamado que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz a la antigua cúpula de las FARC, producto de la confesión de Carlos Antonio Lozada, quien aseguró que dio la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, académicos del país, señalan que los hoy miembros del partido político de las FARC no pierden con esta autoincriminación, sus derechos políticos.

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El Acuerdo de Paz, suscrito en La Habana estableció el régimen de condicionalidad, lo que quiere decir que en la medida en la que los que se acogieron al Acuerdo cumplan con la verdad plena y exhaustiva no pueden perder los beneficios políticos.

Camilo Gonzáles director Indepaz afirma que "en adelante la JEP, deberá investigar y contrastar las versiones para proferir sanciones, proceso que también adelantaron los tribunales de paz  en Súdafrica, Guatemala y otros países que  suscribieron acuerdos con grupos armados para superar décadas de conflicto y contribuir a la memoria histórica de dichas naciones".

El caso de Álvaro Gómez Hurtado avanza en la justicia ordinaria, que debe continuar con la investigación, a cargo de  la fiscalía general de la nación y a su vez en la JEP, sin embargo la Fiscalía no puede dictar orden de arresto en contra de Carlos Antonio Lozada.

El Acuerdo de paz contempla que quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos graves tendrán sanciones  de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años.

 

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