El decreto 546 que hace referencia a la excarcelación emitido por el Gobierno para prevenir la expansión de la covid- 19 en las cárceles del país ha recibido una lluvia de criticas. Desde el Congreso de la República aseguran que el Ministerio de Justicia se verá obligado a expedir un nuevo decreto. Desde la Defensoría del Pueblo señalan que no se acogieron a las recomendaciones hechas por esta entidad.

Tardío e ineficiente fueron las palabras con las que los congresistas de diferentes bancadas calificaron el decreto que permitirá la excarcelación de 4.000 reclusos de las cárceles.

Luis Fernando Velasco, senador del partido Liberal, afirmó que "es un decreto mucho más político que efectivo, no va a atacar el hacinamiento, se cuidaron mucho de nombres que podrían o no podrían salir y por ende yo creo que se equivocaron. Otros dijimos, dejen salir a los enfermos, a los ancianos, a las madres cabeza de familias, a las personas acusadas por delitos no violentos, se pusieron a hacer tantas excepciones que van a salir muy pocas personas".

"Ese decreto no terminó sirviendo para absolutamente nada, fueron más las excepciones que las personas que podían salir, solamente van a salir 4.000 de 120.000, el hacinamiento va a seguir igual", sostuvo el senador Armando Benedetti.

Los congresistas aseguran que el Estado niega el hacinamiento en el que viven los reclusos y le piden a la ministra de Justicia que acelere los procesos para la salida de los beneficiarios.

El senador Roy Barreras comentó: "pero, sin duda, hace falta un segundo decreto por lo menos, porque hay otros miles de prisioneros que tienen inclusive la posibilidad de salir por pena cumplida, que podrían salir por vía administrativa como ha señalado el Fiscal General de la Nación, 10.500 de ellos ya tienen derecho incluso a la libertad,  no han salido por trámites burocráticos".

Por su parte, Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo, manifestó: "Nosotros presentamos un documento privado al Gobierno a través de la ministra de Justicia. Nuestra propuesta era mucho más garantista, mucho más amplia, buscaba que la medida cobijara a un mayor numero personas".

Las cifras que maneja el INPEC revelan que la población carcelaria a la fecha es de 120.557 y el hacinamiento carcelario es del 49 %, esto significa que en las cárceles hay unos 39.000 reclusos más de lo que permite la infraestructura.

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