Este lunes, con 61 votos a favor y dos en contra, en el Senado fue aprobada la Justicia Especial para la Paz.

El proyecto de ley, que busca el reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, será el mecanismo mediante el cual se investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.

“Es un día muy importante para la paz de Colombia. Se aprobó la columna vertebral del proceso de paz. Se garantiza justicia, verdad y no repetición”, agregó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

De acuerdo con lo pactado en Cuba, la Jurisdicción Especial para la Paz ofrecerá verdad a las víctimas y contribuirá a la lucha contra la impunidad, con el objetivo de una paz estable y duradera.

"Va a permitir que las víctimas cuenten con verdad, justicia, reparación y, lo que es más importante, la no repetición de los hechos que han azotado a Colombia en las últimas cinco décadas”, apuntó el ministro Cristo.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, la JEP contempla:

*La creación de ocho organismos nuevos
*Funcionará durante 15 años
*No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la JEP cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.
*La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política, de conformidad a lo pactado en el Acuerdo Final.

La aprobación del proyecto se registra un día después de que el el presidente Juan Manuel Santos pidiera, desde San Gil, Santander, apoyar esa iniciativa en la Cámara Alta, cuya entrada en vigencia afianzará la paz que se está construyendo con las Farc.

 

Los senadores y congresistas del Centro Democrático se retiraron de la corporación y no participaron de la votación.

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