Tras el anuncio del Distrito de denunciar penalmente al Centro de Gerenciamiento de Residuos-CGR, por presuntos incumplimientos en el tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario de Doña Juana, la empresa anunció que se defenderá.
La situación en el relleno Doña Juana inició en 2010, cuando el operador CGR pactó con el distrito gestionar la optimización del sistema de lixiviados; sin embargo, en 2014, con la sentencia del Consejo de Estado respecto a la catástrofe ecológica del río Bogotá, el Distrito argumenta que no se cumplió y que se está realizando un vertimiento ilegal al río Tunjuelo.
“Esa planta que existe hoy, que es la misma de hace 12 o 13 años, maneja 5 litros por segundo en su máximo tratamiento 8 litros por segundo. Hoy el relleno está emitiendo alrededor de 23 litros por segundo, los cuales resultan inmanejables para ese sistema; no solamente no trata los lixiviados, sino que los acaba de contaminar, por ello el daño es peor”, explicó Luz Amanda Camacho, directora de la UAESP.
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En 2018, el tribunal de arbitraje falló intentando poner fin a la controversia con una obligación que debía cumplirse en un término de tres meses para la construcción de la planta para el manejo de estos lixiviados.
“Presuntamente, se embolsilló 163.000 millones de pesos sin construir la planta de tratamiento de lixiviados, ni hacer el tratamiento”, dijo Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá.
Los presuntos delitos que argumenta el Distrito son: peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
“Tenemos dos desastres en el relleno de Doña Juana que no han sido totalmente solventados por este consorcio, además de múltiples fallas ya demostradas por la Contraloría General de la República”, añadió Ricardo Burgos, abogado penalista.
En un incidente de desacato de este año, CGR afirma que el Distrito presuntamente carecía de sustento y era resultado de la improvisación con respecto a la planta de termovalorización propuesta.
La Alcaldía argumenta que los parámetros de cumplimiento del tratamiento nunca han sido superiores al 58% y hoy existe un incumplimiento del 42%.
El consorcio por medio de un comunicado se pronunció:
“CGR acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes. (…) se reitera la invitación a la administración para revisar conjuntamente los avances relacionados en el tratamiento de lixiviados hasta la fecha, en los que se evidencia el cumplimiento del objeto contractual”.
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Aquí informe completo:
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