$97.654 millones de pesos por detrimento patrimonial es el monto que debe asumir Petro por violar la libre competencia en el servicio de aseo, como está establecido. Las multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos a la UAESP y a la Empresa de Acueducto provocaron el fallo.
Este inconveniente se convierte en una piedra en el zapato para el exalcalde que actualmente trabaja en su campaña presidencial.
Una vez se conoció la sanción, el político expresó su malestar con la Controlaría a través de su cuenta de Twitter.
Debería preguntarse el contralor de Vargas Lleras es porque Empresa pública de Acueducto no usa camiones para expandir operación a Colombia https://t.co/HHvQszOpEt
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de noviembre de 2017
Caso de Gustavo Petro y el esquema de basuras
En 2013 Petro enfrentó una crisis con el proceso de recolección de basuras, debido a la implementación de un nuevo sistema que no funcionó para la demanda de una ciudad como Bogotá. Por tal razón, el exprocurador Alejandro Ordoñez lo destituyó y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Esto supondría el fin de su carrera política, que desde 2010 ya suponía aspiraciones presidenciales.
La decisión del exprocurador se basó en tres ejes fundamentales: el primero de ellos fue el de asignar la prestación del servicio de aseo a la Empresa de Acueducto de Bogotá en convenio con Aguas de Bogotá, empresas que para el procurador no contaban con la experiencia ni la capacidad para asumir la responsabilidad de manejar 6.500 toneladas de desechos que se producen a diario en la capital del país.
En segundo lugar, según el expediente, Petro habría limitado la libre competencia. “Vulneraba los principios constitucionales de libre empresa y competencia e impuso una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre del 2012”, explicaba el expediente que reposa en la Procuraduría. De acuerdo a lo anterior, se pretendía monopolizar la recolección de las basuras a favor de empresas del distrinto, dejando fuera otras del sector privado.
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