Sin enviar una notificación previa, y en medio de la crisis por el coronavirus, agentes del Inpec trasladaron de la cárcel el Buen Pastor en Bogotá, a la de Picaleña en Ibagué, a tres jóvenes señaladas de participar en el atentado al Centro Comercial Andino.

El martes 24 de marzo, sin notificarlas ni permitirles que sacaran sus pertenencias, fueron retiradas de sus celdas, las presas políticas, Lizeth Johanna  Rodríguez, Alejandra Méndez Molano y Lina Vanessa Jiménez, sindicadas de pertenecer a grupos rebeldes y acusadas por el atentado ocurrido el 17 de junio de 2017, al norte de Bogotá. Posteriormente, fueron trasladas, en un avión, a la cárcel de La Picaleña en Ibagué.

"Este traslado irresponsable, por supuesto que no está avalado por el Ministerio de Justicia. No solamente se incumple con las directrices que ha dado el Presidente de la República, el Ministerio de Justicia y de Salud, sino que además, se está incumpliendo con el comunicado, que el día lunes 16 de marzo, sacó el mismo Inpec, diciendo que no iba a realizar traslados, para poder satisfacer las necesidades que impone afrontar una crisis como la que se está viviendo por el COVID-19", señaló Andrés Felipe Caballero, abogado defensor.

Para los abogados que defienden a las tres jóvenes, el súbito traslado, se suma a las varias equivocaciones que han tenido las autoridades en este caso.

 

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