Imagen tomada de la Fiscalía General de la Nación

Se trata de los actuales gobernadores de Nariño y Norte de Santander, de dos exgobernadoras del Quindío y otro de Norte de Santander, a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por estar involucrados en diferentes casos de corrupción.

Dicha acción se dio gracias a la estrategia “Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción”, la cual ha venido desarrollando ente investigador.

 

El próximo 1 de noviembre, en el Tribunal Superior de Bogotá, al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero, se le imputarán cinco delitos: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

Así frustran un robo en TransMilenio

¡Todos podemos ser cómplices de los buenos! Un superhéroe puede evitar así el hurto de celulares en el transporte público. #PóngaseMosca Más en www.conexioncapital.co →

Publicado por Canal Capital en Jueves, 10 de enero de 2019

El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016.

Mientras tanto y aunque aún no hay fecha para las demás imputaciones, la Fiscalía aseguró que al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se le imputarán los delitos de peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales. Los mismos cargos le serán imputados a Edgar Díaz Contreras, ex gobernador de ese departamento. Los hechos tienen que ver con el trámite, celebración y liquidación de un contrato de suministro de materiales pétreos, por más de $6.000 millones, que según la Fiscalía vulneró los principios de contratación pública y causaron un detrimento al erario público.

Y a las exgobernadoras del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y Gloria Inés Gutiérrez Botero, se les imputará el delito de prevaricato por acción. El caso tiene que ver con el trámite y la sanción de las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015, que según la Fiscalía contrarió el Estatuto Orgánico del Presupuesto.