La pandemia nos puso de frente con situaciones difíciles y con muchas más preguntas que respuestas. Desde la misma forma como el virus se expandió por todo el mundo, hasta nuestro comportamiento con nosotros mismos; tanto en nuestros interiores como en una sociedad que cada vez perdía más el significado y el concepto de ser “sociales por naturaleza”. Ahora, los tiempos de la pandemia nos cambiaron las lecciones históricas de vivir en comunidades. A diferencia de antes, en los tiempos del virus lo más importante ha sido separarse, para vivir hemos tenido que dividirnos.
De allí que las mismas medidas para frenar el contagio nos separaran al momento de tener que estar “en sociedad”, en la calle, que cada vez parecía un terreno más hostil de lo normal. En abril del 2020, en Bogotá se instauró la medida de pico y género: los días pares las mujeres podrían salir a realizar trámites bancarios, comprar suministros y alimentos, entre otras diligencias, y los impares sería el turno para los hombres. Y aunque en el decreto se especificó que las personas transgénero podrían salir dependiendo del género en el que se identificaran, la polémica no se hizo esperar y sobre todo los casos de discriminación empezaron a resonar.
Le pasó a Michelle Barliza, quien en el mes de abril llegó al banco y aunque a ninguna otra mujer le pidieron la cédula para entrar, a ella sí, al poner la queja sobre el trato recibido fue donde la Policía, y en vez “de sentirse protegida”, resultó revictimizada.
Casos similares se replicaron en la ciudad en cuestión de días, por lo tanto los colectivos y organizaciones defensoras de la comunidad LGBTI rechazaron la medida, entendiendo que la prevención del COVID era importante, pero que temían por los abusos policiales y exigieron una medida menos lesiva, argumentando también que “la calle no puede volverse otro lugar de vigilancia del género y las autoridades no pueden hablar de nuestras identidades no binarias”, comunicó la
Fundación GAAT en su momento.
Así como las organizaciones manifiestan, aunque el Gobierno hiciera un llamado a la no discriminación, la falta de garantías para la comunidad ha sido histórica, y no ha sido cuestión de pandemia.
Sin ir más lejos, hasta agosto del 2020 por primera vez el Dane realizó una encuesta para medir la comunidad en centros urbanos, esa primera medición reflejó que “en Colombia, al menos 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años, que viven en centros urbanos, se identificarían como gais, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento, como transgénero”. Y aunque el tema tiene más entre líneas, desde quienes se confiesan abiertamente homosexuales y/o trans, hasta los alcances de la encuesta en el territorio nacional, es evidente que involucrar a la comunidad en la sociedad colombiana es un camino largo, complejo y lento.
Para la muestra, según datos preliminares registrados por la ONG Colombia Diversa, en 2020 hubo 75 homicidios de personas LGBT. Esto significa que hubo, en promedio, 6 casos al mes y un homicidio cada 5 días. En 2019, en comparación, hubo 106 asesinatos.
Aunque la medida solo duró un mes y hoy, marzo del 2021, las medidas restrictivas como pico y género y pico y cédula se eliminaron en Bogotá, hay cosas que no se pueden eliminar con decretos, como el concepto binario con el que parte de la sociedad vive, algunos por ignorancia, otros porque aún se aferran a preceptos que no nos dejan vivir y dejar vivir.
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