Uno de los capítulos más importantes después de la toma del Palacio de Justicia, ha sido el desarrollo del proceso judicial para establecer quiénes tuvieron responsabilidad en el trágico desenlace.
Este año un fiscal de Bogotá dijo que en la toma del Palacio de Justicia en 1985 no hubo desaparecidos, si no errores en la entrega de los cuerpos. Sin embargo, el mismo ente acusador desmintió esas afirmaciones y aceptó que sí hubo desaparición forzada.
Así mismo, la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 35 años de prisión contra Jesús Armando Arias Cabrales, general del Ejército. Esto por ser responsable y partícipe en cinco desapariciones forzadas
De igual manera, en junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega era responsable de la desaparición forzada de 10 civiles y una guerrillera del M-19, y lo condenó a 30 años de prisión. Sin embargo, en 2015, el alto tribunal señaló que no existían pruebas suficientes que relacionaran directamente a Plazas con tales desapariciones por lo que fue absuelto.
Por otro lado, algunas víctimas interpusieron demandas de reparación directa por más de 1.800 millones de pesos contra de la nación y el Ministerio de Defensa, debido a que ni la Fiscalía, ni Medicina Legal pudieron confirmar que los restos enterrados hace tres décadas sean efectivamente de sus familiares
También la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a 14 militares por, supuestamente, haber torturado a personas que salieron con vida del Palacio de Justicia. Este proceso se abrió en 2015 y a la fecha no ha concluido.
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Por otro lado, en una histórica condena que se dio en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a Colombia por la desaparición de 11 personas, por la ejecución extrajudicial de un magistrado y por las detenciones, torturas y tratos crueles a otras cuatro. Sin embargo, algunas de esas víctimas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares.
Por: Diana Alvarado
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