Garantizar la protección y seguridad de la interrupción voluntaria del embarazo, hace parte de las apuestas de organizaciones de mujeres. Sostienen que la mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ilegal, poniendo en riesgo la vida de las que toman esta decisión.
Cerca de 400.000 interrupciones voluntarias del embarazo se realizan cada año en Colombia, de esas, el 90% se llevan a cabo en lugares con prácticas insalubres.
Mariana Ardila, dirección legal de Women’s Link Worldwide, aseguró: "para Bogotá se dice que anualmente son 117.000 abortos y que alrededor del nueve por ciento son legales. Es la ciudad en la que más se accede al procedimiento porque hay una gran concentración en las capitales de los servicios disponibles".
La nueva demanda radicada ante la Corte Constitucional apunta a una despenalización total del aborto en el país.
"Hace 14 años conquistamos en la Corte Constitucional el derecho a interrumpir el embarazo en las tres causales que existen en el momento, sin embargo el acceso a estas tres causales no ha sido igual para todas las mujeres del país".
Desde estigmatización hasta la posibilidad de ser envidas a la cárcel, son algunas de las barreras que pueden enfrentar quienes deciden interrumpir el embarazo en Colombia. Países como argentina, ecuador y república dominicana, también discuten, por vía legislativa o judicial, la eliminación del aborto como delito.
Sostienen que aún cuando los casos están entre los establecidos por la ley, las mujeres más vulnerables y que no cuentan con recursos para practicarse un aborto en entidades privadas, se exponen a efectos adversos como la esterilidad y hasta la muerte.
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