Imagen tomada del Canal de YouTube CanalCapitalBogotá.

La Defensoría del Pueblo ha recibido 87 reportes de violencia de género en medio de las protestas. En investigación se encuentran las presuntas actuaciones irregulares de integrantes de la Policía Nacional y el trato a mujeres.

En un video se observa la forma en que una manifestante en la localidad Bosa es trasladada al CAI La Libertad el pasado 4 de mayo. Es un Policía quien la ingresa al lugar, una vez dentro la golpea en repetidas ocasiones. Esta persona denunció que cuatro policías, entre ellos una mujer, la torturaron por varias horas luego de detenerla por participar de una protesta en esa zona. 

Paola Andrea Redondo denunciante de abuso policial, afirmó, “me trataban súper feo, me amenazaban de que no iba a volver a ver a mis papás, que no iba a volver a la casa, me dejaron heridas por todo el cuerpo, moretones”.

A este caso la Secretaría de Gobierno de Bogotá le hizo seguimiento pidiendo celeridad a las autoridades.

"Se inicia una investigación disciplinaria con el fin de verificar el procedimiento que está informando la ciudadana como un abuso policial”, afirmó el general Eliécer Camacho, comandante Policía de Bogotá.

Desde el 28  de abril y hasta el 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha recibido 87 reportes de violencia basada en género a mujeres y personas LGTBI, seis casos pertenecen a Bogotá. Un experto asegura que las autoridades no están respetando apartados del Código de Policía en requisas y aprehensiones.

“Quien puede realizar ese procedimiento es el del mismo sexo del ciudadano, por tanto este derecho no se puede suspender en la vida cotidiana, en una protesta pacífica y tampoco en un estado de excepción”, sostuvo Juan Castellanos, abogado especialista en derecho penal.

El decreto de enero de este año, que regula la protesta pacífica, generó un enfoque diferencial a favor de mujeres, comunidad LGTBI y adultos mayores que uniformados deben respetar, según el experto.

"Por tanto estarán sujetos al principio de tipicidad en el marco que salgan condenados”, indicó.

Este y un caso que investigan, de supuesto abuso sexual por parte de miembros del ESMAD a una menor de edad en Popayán que terminó suicidándose, hacen parte de la lista de denuncias ciudadanas que ha recibido la Defensoría del Pueblo.

“Que actúen de manera efectiva en el desarrollo de su función constitucional de garantizar y hacer prevalecer el orden pero también importante decir que esta debe ser garantizada a través de todas las entidades a nivel público y privado”, dijo Germán Fandiño Sierra, director ejecutivo de Ciudadanía para el Desarrollo Consultoría.

El experto en Derechos Humanos también asegura que, aunque son graves las cifras, estas deben corroborarse por parte de las autoridades. La Defensoría, asimismo reiteró la necesidad de que cada CAI, URI o CPT, entre otros, tengan cámaras de seguridad las 24 horas que permitan hacer vigilancia a hechos como estos.

 

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