La justicia que se llevará a cabo con los actores del conflicto que se negoció con las Farc en La Habana, Cuba, ha sido uno de los puntos más polémicos de los acuerdos. Sus críticos señalan que promueve la impunidad y que iguala a la Fuerza Pública con los miembros este grupo.
Para Iván Duque, senador del Centro Democrático, la Justicia Especial para la Paz se está convirtiendo es un monumento a la impunidad, por varias razones: “para empezar, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, si entre comillas dicen toda la verdad, no pagan ni un solo día de cárcel. Además no importa si tienen sanciones, si se presentan pueden llegar al Congreso”, indica.
Otro punto que ha generado polémica es la reparación económica de las Farc a las víctimas y lo que han dicho sobre los bienes que poseen
Según Paloma Valencia, senadora de este mismo partido, los familiares de las Farc se vuelven los testaferros perfectos porque a diferencia de los 48 millones de colombianos, ellos no tienen que probar que sus bienes son lícitos.
“De esta manera se pueden quedar con los bienes y el Estado tendría que probar que son ilícitos, es decir, para los familiares de las Farc no hay ley de extinción de dominio”, señala Valencia.
Ante las inconformidades, el Centro Democrático, a través de los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán, radicó ante la Registraduría un comité para recoger firmas que permite derogar vía referendo, tres puntos de los acuerdos derogar la JEP, pedir que criminales de lesa humanidad puedan estar en la política y sacar los acuerdos de la Constitución.
“Vamos a recoger 1 millón 800 mil firmas en estos próximos 6 meses, la Registraduría tendrá dos meses para analizar las firmas, hará una revisión formal y habrá que convocar un referendo para que los colombianos tomemos la decisión de cambiar esos tres acuerdos”, explicó Valencia.
Además el Centro Democrático presentó en el Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca crear una nueva sala en la Corte Suprema para juzgar a los militares y así evitar que sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Un reparo similar hace el exministro de Defensa y hoy candidato a la presidencia por firmas, Juan Carlos Pinzón, quien indica que la idea era crear dos tribunales uno para los miembros de las Farc y otro para agentes del Estado, pero que finalmente solo se hizo uno.
Así mostró preocupación por los antecedentes de magistrados que hacen parte de la JEP. “Mucha gente ha hablado de los antecedentes de algunas personas que fueron seleccionadas como magistrados por tener una tradición de gestionar negocios jurídicos en contra de las Fuerzas Armadas y en contra del Estado por mucho tiempo. Está en ellos manejarlo ahora de manera objetiva, sino va a haber una dificultad”, dijo Pinzón.
Otros sectores políticos también anunciaron que no apoyarán la JEP, Cambio Radical por ejemplo, lo hizo a través de una carta hace menos de un mes.
“Cambio Radical no votará la ley estatutaria que reglamenta el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz por considerar que esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”, señalaba la misiva.
Además aseguran que no la apoyarán porque consideran que los magistrados nombrados tienen una “clara tendencia política que, de entrada, no genera ninguna clase de garantías para la sociedad”.
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