Más gasto social, recursos para la reactivación económica, estímulo a la formalización tributaria y compromiso con la austeridad, son los puntos principales del proyecto de reforma tributaria que presentará el gobierno al congreso el próximo 20 de julio.
La propuesta tiene como meta recaudar $ 15.2 billones, de los cuales las empresas aportaran el 60 %, y el restante 40 % lo pondrá el Gobierno mediante austeridad en el gasto y ataque a la evasión. El presidente Duque señaló que no se tocarán las personas naturales.
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“Se llega con una conciencia frente a lo que veníamos avanzando en el descuento del ICA sobre el impuesto de renta pero dejándolo en el 50%. Se logra haciendo una ampliación de la tasa corporativa de renta”, afirmó el presidente Iván Duque Márquez.
En el fortalecimiento de la campaña contra la evasión, se faculta a la Dian para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que no cumplen con su obligación; se crea el registro único de beneficiarios finales, para identificar a propietarios o beneficiaros de las empresa.
El recaudo tiene varias líneas:
- Extender el programa de ingreso solidario hasta 2022, ampliando su cobertura en 200.000 hogares en condición de pobreza extrema.
- El subsidio a la nómina se amplía hasta diciembre de este año, focalizado en empresas con menos de 50 trabajadores e incluyendo personas naturales generadoras de mínimo dos empleos.
- En educación se destinan mayores recursos para el pago a la matrícula en instituciones públicas.
- A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a quienes tengan obligaciones con el Icetex.
- En empleo se proponen incentivos para la contratación formal de jóvenes, el 25% de un salario mínimo, así como para el resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, un 10 % de un salario mínimo.
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Además, se plantea una reducción de gasto de al menos $1,9 billones, a partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el presupuesto general de la nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios,
Se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.
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