Garantizar la aplicación de la justicia y la reparación de las víctimas, terminar la implementación legal y poner en marcha los acuerdos firmados por las Farc serán responsabilidades del próximo mandatario en materia de posconflicto, para ello será necesario convocar diferentes sectores del país, para terminar así con la polarización en la que ha caído Colombia.
Según cifras de Mindefensa, 11.345 hombres entre combatientes y milicianos se desmovilizaron luego de la firma del acuerdo, al mes de abril se calcula que 1.800 de los desmovilizados son disidentes y se concentran en el suroccidente y el centro oriente del país.
La aplicación de justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz será un reto inmediato, pero hablar de posconflicto, es hablar de esas zonas donde el estado no ha hecho presencia durante décadas.
Según la Fiscalía, son más de 260 los líderes sociales asesinados entre 2016 y 2018. Y solo, en lo que va corrido del año, son 22 los crímenes contra miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Otro reto fundamental es la reparación integral a las víctimas y la reintegración, según registros oficiales, Colombia tiene 8,3 millones de personas víctimas del conflicto armado, de las cuales son sujeto de reparación 6,6 millones, un proceso sobre el que queda casi todo por hacer.
Paralelamente el nuevo presidente deberá brindar garantías para los desmovilizados y cuidar y garantizar los recursos para la paz.
Del éxito de la implementación de los acuerdos logrados dependerá también la legitimidad del proceso de paz y los diálogos que se adelantan con el ELN.
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