El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Distrito concertar con los organizadores de la protestas, las rutas, horarios y las estrategias que se implementarán para evitar que hayan infiltraciones durante las jornadas.

El fallo responde a una tutela que dos ciudadanos interpusieron y en la que piden se ampare su derecho a la libertad de expresión. Además, le exige al Gobierno Nacional y a la Policía, sentarse a trabajar en un protocolo que permita el control de las manifestaciones del 21 de octubre, creando una mesa que en 10 días, máximo, presente los lineamientos en donde prevalezca el respeto a la protesta y a los derechos humanos.

Finalmente, en el documento se deja claro que la Alcaldía de Bogotá procedió respetando los derechos humanos, y que siempre hubo una orden del Distrito para no usar armas o exceso de fuerza, en el control de las movilizaciones ocurridas el 9 y 10 de septiembre en la capital del país.

 

 

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