El fiscal general, José Manuel Maza, anunció en una comparecencia que la querella se extenderá también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa.
En la acusación, Maza define el delito de rebelión como el "más grave que puede cometerse contra el Estado y sus "principales instituciones". Asimismo, agregó que "con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista".
Los señalados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.
Cataluña, una región próspera que tiene su propio idioma y cultura, desencadenó la mayor crisis de España en décadas al celebrar un referéndum independentista el 1 de octubre, que los tribunales españoles calificaron de ilegal.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, asumió el control directo de la región el viernes, despidió a la totalidad de su gobierno separatista y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros del gobierno catalán, incluido Puigdemont, dijeron que no aceptan la medida y que solo los catalanes pueden despojarlos de sus cargos.
Reuters.
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