La Fiscalía le imputó cargos al representante legal del operador del relleno CGR Doña Juana por contaminación ambiental y daño a los recursos naturales, por su parte, un Tribunal de Arbitramento le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suspender un proceso sancionatorio que adelanta contra el consorcio.
La decisión de la Fiscalía afecta al representante legal del consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Mauricio Bernal Marcucci.
“Según visitas realizadas, visitas técnicas, por parte de la Fiscalía General de la Nación al parecer se estarían presentando vertimientos de lixiviados al cauce del río Tunjuelo en el sur de Bogotá, entre otros daños al ecosistema”, Ángela Chacón directora contra violaciones derechos humanos Fiscalía General.
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Para el ente acusador el funcionario en su calidad del representante legal del consorcio tendría la responsabilidad en un presunto incumplimiento en el marco de la licencia ambiental del relleno.
“El incremento de malos olores y de presencia de otros vectores que afectan la salud de las personas que viven en los barrios aledaños al relleno Doña Juana son un prioridad para esta Fiscalía que entiende que el medio ambiente es un derecho de todos”, Ángela Chacón directora contra violaciones derechos humanos Fiscalía General.
A la par con la determinación de la Fiscalía, un Tribunal de Arbitramento determinó suspender un proceso sancionatorio que adelanta la UAESP contra el operador del relleno por presuntas faltas e incumplimientos e inhibirse de iniciar nuevas causas hasta que no se resuelva el arbitraje.
“Esta eventual sanción indudablemente redundaría en graves consecuencias económicas y contractuales para la sociedad concesionaria derivadas de una eventual declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato. También se estima que la medida es efectiva pues permite proteger el derecho del contratista a que no se le sancione sin tener en cuenta las defensas que en este proceso ha formulado”.
Agrega que de no tomar la decisión cautelar dejaría en libertad a la UAESP para imponer una sanción al consorcio en virtud de unos incumplimientos que precisamente son objeto de análisis por parte del Tribunal de Arbitramento.
Aquí el informe completo:
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