Este capítulo de #LaLibreta abre con una noticia controversial para el medio ambiente colombiano: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprueba el primer plan piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander.

Te invitamos a leer: ‘Elefantes blancos’ en Bogotá están en la lupa de la Contraloría

A lo largo del programa, Alfredo Molano Jimeno, conversa con Juan Camilo Delgado, ingeniero ambiental de CREDHOS (Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos) y con Rodrígo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, acerca las consecuencias sociales, políticas y ambientales de la extracción de petróleo y la deforestación. 

“La autorización de la ANLA se avala en el marco de una intensificación del conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Hay dinámicas de actores armados estatales y no estatales con intereses muy marcados en torno al extractivismo minero energético  y agroindustrial de la región. En el marco de esto presentamos amenazas y desplazamiento a las personas que han estado defendiendo sus territorios”, señaló Juan Camilo Delgado, integrante de CREDHOS.

Teniendo en cuenta este contexto, Juan Camilo también añade que son las comunidades aledañas y los ecosistemas los que sufren las consecuencias del fracking, especialmente en un municipio como Puerto Wilches, donde la inversión a la extracción del petróleo supera casi en diez veces más el presupuesto anual de este municipio y donde esta actividad representa una oportunidad de empleo para sus pobladores.

Ya para hablar del impacto de la deforestación, se suma el segundo invitado a este capítulo de Mesa Capital: Rodrigo Botero, quien es un experto en desarrollo rural y entiende cuáles son los riesgos ambientales que conlleva la explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.

“Es importante entender el riesgo de los estudios que se hacen para cambiar el uso del suelo ¿cuál es la perspectiva del cambio en el uso del suelo? Si el ecosistema original es el bosque, usted lo debe restaurar es su vocación original. No se debería permitir que haya un cambio del uso del suelo en las áreas de reserva forestal”, explicó Rodrígo Botero.

La falta de políticas ambientales y la flexibilización de las solicitudes de permisos para exploración de zonas de reserva forestal, o zonas de ley segunda, también implican unos altos impactos en las dinámicas de la población campesina.

Te puede interesar: Las vulneraciones a la seguridad nacional se convierten en heridas de país | El Lunes en Mesa Capital

“El gran motor de la deforestación es ese proceso de apropiación masiva de tierra. Es importante señalar el hecho de que en ese proceso de apropiación se logró a través de delitos ambientales. Las tierras baldías deberían ser tituladas a los campesinos, pero el mercado ilegal, en el que no se lleva registro ni restricción, permite la agricultura y el lavado de activos, actividades donde se encuentran todos los actores armados y territoriales que se adueñan de una región sin presencia estatal”, añade Rodrígo Botero, director de FCDS.

Las licencias ambientales entregadas recientemente a grandes empresas, no afectan solo al ecosistema sino que responden también a dinámicas de violencia que han estado marcadas en toda la zona del Magdalena Medio y el Guaviare, demostrando que hay un grave problema de gobernabilidad ambiental a gran escala.

Te invitamos a conocer más sobre este tema en el capítulo completo de #LaLibreta:

Para ver todas las noticias de Bogotá visite www.conexioncapital.co. Encuéntrenos también en Facebook como Canal Capital.