La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que el general de la reserva activa, Mario Montoya, ex comandante del Ejército Nacional, firmó el formato de sometimiento con este tribunal.

El formato  formado por el general Montoya Uribe pasará a estudio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, para que asuma lo de su competencia.

Mario Montoya, quien fue el general del Ejército durante el primer mandato de Álvaro Uribe, entre 2006 y 2008, es investigado por el escándalo de los “falsos positivos”, por lo que fue cobijado con orden de captura por parte de la Fiscalía.

Montoya es el militar de más alto rango que decide acogerse a la JEP, sin embargo, cabe destacar que el pedido de sometimiento no implica necesariamente la aceptación de la responsabilidad en los casos por los que se le investiga.

 

Hasta el momento son 10 casos de homicidio en persona protegida por los que Montoya deberá responder. Con esto, el excomandante del ejército se expondría a una pena de 40 años de cárcel. Las investigaciones son resultado de las operaciones Orión y las que derivaron en los falsos positivos.

Según el expediente que publicó Blu Radio meses atrás, Montoya fue escuchado en interrogatorio el 10 y 11 de agosto del 2015. Los hechos que dieron origen a la investigación fueron las muertes de Fair Leonardo Porras, Daniel Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez.

Durante casi tres años de investigación, la Fiscalía determinó que el general Mario Montoya Uribe, en su calidad de comandante del Ejército, “es responsable de homicidios cometidos por integrantes de al menos siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia”.

Esto lo justificó “al haber implementado una política de presión por resultados, clasificación de las unidades militares por la cantidad de muertes en combate que reportaran. Además de beneficios profesionales para los que se destacaran por la cantidad de bajas”.

Sobre los civiles que estaban en riesgo por parte de las unidades militares, la Fiscalía determinó que no se atendieron las denuncias de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de víctimas que alertaron sobre lo que estaba pasando.

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