Los países del Grupo de Lima manifestaron su enérgico rechazo a la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y anunciaron decisiones diplomáticas y financieras para manifestar su total reprobación al proceso electoral.
“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”, dice la nota de prensa.
Y acuerdan: "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta”.
Los países del bloque dispusieron convocar una reunión de alto nivel con autoridades responsables de asuntos migratorios y de refugio, “para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral” a la emergencia migratoria. Dicho encuentro se realizará en Perú en la primera quincena de junio.
También citarán una reunión de alto nivel sobre salud, con el fin de atender la emergencia epidemiológica y las implicaciones en materia de salud pública que puede tener para toda la región la crisis humanitaria en el país.
“Apoyar el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y difteria”, confirma la nota.
En materia financiera el Grupo de Lima determinó solicitar a cada país que “emita y actualice circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional”.
Igualmente, se exhortó a los organismos financieros internacionales y regionales a no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, “por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria” teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables; así como intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera “sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas”.
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