Desde el año 2010, el carrusel de la contratación no ha parado de acaparar la opinión pública, pues los errores cometidos durante la administración del exalcalde Samuel Moreno dejaron grandes fallas en la malla vial, en el servicio de ambulancias y en la tercera fase de TransMilenio.

Tras varias irregularidades, en junio de ese año, salieron a luz pública millonarios contratos con los que se entregaban ciertas dadivas y sobornos a personas encargadas del control político y de vigilar el uso transparente de dineros.

Dicho caso involucró al entonces alcalde Samuel Moreno a congresistas, secretarios de gabinete, concejales, contratistas y entes de control, quienes pretendían malversar los recursos públicos de los bogotanos. Se calcula que ese gigantesco desfalco ascendió a 2,2 billones de pesos.

Hasta el momento los condenados por los delitos del carrusel son:

• Samuel moreno, exalcalde de Bogotá. Condenado a 24 años.
• Iván moreno, exsenador de la república. Condenado a 14 años.
• Germán Olano, exrepresentante a la cámara. Condenado a 8 años.
• Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca
• Héctor Zambrano, exsecretario de salud de Bogotá. Condenado a 3 años.
• Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá. Condenado a 7 años.
• Orlando Parada, exconcejal de Bogotá. Condenado a 9 años.
• Hipólito Moreno, exconcejal de Bogotá. Condenado a 6 años.
• Andrés Camacho, exconcejal de Bogotá. Condenado a 5 años.
• Jorge Salamanca, exconcejal de Bogotá. Condenado a 4 años.
• Manuel Nule, empresario. Condenado a 14 años.
• Miguel Nule, empresario. Condenado a 14 años.
• Guido Nule, empresario. Condenado a 14 años.
• Emilio tapia, contratista. Condenado a 7 años.
• Julio Gómez, contratista. Condenado a 10 años.
• Inocencio Meléndez, exsubdirector del IDU. Condenado a 7 años.

Más de 25 personas han recibido imputación de cargos por haber formado parte de esta red delincuencial. Entre ellas, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quien salió prófuga de Colombia y aún no ha podido ser ubicada; el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, quien sigue en juicio, y Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías.

Para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar depende en buena parte de la reducción de la contratación directa y de la obligatoriedad de pliegos y contratos de este tipo. Esos filtros contra la corrupción son prioridad para la actual administración de Bogotá.

“La orden ha sido que cumplamos la ley 80, para una contratación más plural y pública para que ojalá todos los contratistas cumplan con todos los requisitos para el cumplimiento de nuestro planes”, agrega Dalila Hernández, secretaria Jurídica de Bogotá.

En el IDU, donde se concentró el mayor foco de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno, con la intención de cerrarle vías a la corrupción, se creó un código de conducta que sanciona almuerzos y reuniones entre funcionarios y contratistas por fuera de las oficinas.

Así mismo se implementó una sala de digitación que busca evitar la manipulación indebida de las propuestas. Por otro lado, las obras también son videovigiladas para detectar a tiempo retrasos.

Por ahora, organizaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura evalúan como positivo esos intentos por evitar que en Bogotá se repitan ‘carruseles de corrupción’.

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