Tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falso testimonio y falsedad en documento privado son los cinco delitos que se le imputaron a Roberto Prieto Uribe, exgerente de campaña del presidente Juan Manuel Santos, en relación con sobornos de Odebrecht.
En total fueron necesarias cuatro audiencias para imputar los cargos. Estos fueron atribuidos por presuntamente influir en la decisión que tomó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la hora de asignar la adición del contrato de Ruta del Sol Sector III a Yuma Concesionaria S.A.S.
Frente a la acusación Prieto afirmó que era inocente: “Si se revisa este proceso desde febrero de 2017 a hoy, a mí no me cabe duda de que hay una maquinación macabra contra mí y contra mi familia (…) hay testimonios que se filtraron a la prensa de los brasileros que dicen ese dinero nunca existió, que “no se lo dimos a Prieto”.
Agregó que sería injusto si le impusieran una medida de aseguramiento: “No me parecería justo ni lo que me está pasando, ni que me dieran una medida de aseguramiento”. Al parecer, y según las investigaciones, las coimas que recibió Prieto por su labor llegarían a una suma de más de 650 millones de pesos.
La Fiscalía tendría testimonios del caso Odebrecht como Eduardo Zambrano, quien también responde ante las autoridades por malos manejos de dineros en la ejecución de la vía Ocaña Gamarra en la Ruta del Sol II, para llevar a cabo la investigación contra Prieto.
En la imputación, la fiscal encargada del caso mencionó: “Prieto sostuvo varias reuniones con empresarios para buscar beneficiarse de los contratos para la Ruta del Sol fases II y III, con la adición presupuestal del tramo Ocaña-Gamarra, y la construcción del puente vehícular de la doble calzada entre los departamentos de Bolívar y Cesar”.
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